Defensa judicial

Los curadores urbanos desempeñan funciones públicas (artículo 101 de la Ley 388 de 1997), bajo su plena autonomía (artículo 2.2.6.6.1.3 del Decreto 1077 de 2015), por lo que las demandas dirigidas a ellos no afectan el patrimonio público ni el presupuesto municipal al no denominarse entidades públicas.